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La complejidad de la situación política boliviana parece enfrascada en un empate de fuerzas entre derecha e izquierda. El referéndum revocatorio no garantizaría el fin de esta batalla.

 

el inédito 54 por ciento de los votos que llevó a Evo Morales al Palacio Quemado pareció poner fin al llamado “empate catastrófico” inaugurado en 2003 tras la guerra del gas y la expulsión del presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada. Sin embargo, pronto quedó en evidencia una constatación a menudo subestimada en los análisis sociopolíticos de la realidad boliviana: el líder cocalero se montó en una correlación de fuerzas favorables a una perspectiva nacional-popular indígena (antineoliberal) emergente de las insurrecciones sociales en el occidente del país. Pero en el oriente agroindustrial continuó predominando una fuerte hegemonía empresarial que –ayudada por varios errores del gobierno– logró reactivar un regionalismo que ha mostrado una no despreciable eficacia para frenar las reformas promovidas por el gobierno central, por ejemplo en relación con la reforma agraria, e imponer –con un éxito impensable hasta no hace mucho tiempo– una agenda autonomista en un país ferozmente unitario.

 

En síntesis, el “empate” se mantuvo aunque de manera invertida. Ahora son las fuerzas de izquierda las que detentan el poder nacional y los conservadores quienes resisten atrincherados en las regiones. Si la derecha política representada por el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga está condenada a la marginalidad, la derecha regional –representada por los prefectos (gobernadores)– goza de amplios márgenes de popularidad y legitimidad social. En ese contexto surgió –con una gran cantidad de falencias técnicas-institucionales– la figura del referéndum revocatorio como una instancia para que la población, mediante el voto, defina quiénes se van y quiénes se quedan.

CONSTITUCIÓN VS. ESTATUTOS AUTONÓMICOS
La pelea política boliviana se expresa hoy en dos proyectos de país: por un lado, la nueva Constitución (de corte nacionalista e indigenista) aprobada por la Asamblea Constituyente, sin la presencia de la oposición, en diciembre de 2007. Y por el otro, los estatutos autonómicos ratificados en referendos sin base legal en Santa Cruz, Tarija (sede del 80 por ciento de las reservas de gas), Beni y Pando. “Hay una lucha ideológica: en el occidente predomina el capitalismo de Estado mientras que en el oriente hay una cultura que fomenta el emprendimiento privado”, resumió el secretario de Autonomías de Santa Cruz, Carlos Dabdoub.

 

Es decir, se trata de una lucha de poder entre las elites emergentes y las elites desplazadas parcialmente del poder, lo que dista de los análisis conspirativos y alarmistas sobre las posibilidades de división del país, vía secesión. Lo que sí es grave –y no es producto de la imaginación– es la creciente desconexión institucional de la media luna autonomista liderada por Santa Cruz. Ello fue patente en el desacato de las cortes electorales locales, que organizaron los referendos autonomistas contra la decisión en
contrario de la Corte Nacional Electoral. O en la virtual expulsión del viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, del Chaco cruceño y sus intentos infructuosos de ingresar a la hacienda del estadounidense Ronald Larsen, donde fue recibido a pedradas por grupos de choque armados por el hacendado estadounidense. Cada viaje del presidente Evo Morales a las regiones autonomistas es opacado por acciones a menudo violentas de grupos radicales.

 

El referéndum revocatorio –convocado para el 10 de agosto– se enfrenta, como mayor desafío, a esta desconexión promovida por las derechas regionales, que recientemente lograron sumar a Chuquisaca, donde triunfó una indígena candidateada por la oposición como prefecta. Propuesto inicialmente por el prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, Evo Morales tomó la iniciativa como propia a fines de 2007 y envió al Congreso un proyecto de revocatorio hecho a su medida. Mientras que para revocar al presidente hace falta superar el 53,7 por ciento, es posible echar a los prefectos con menos del 50, ya que estos fueron elegidos con mayoría simple y basta que el rechazo supere a la votación inicial para revocar un mandato. Por eso la ley durmió en el Senado, con mayoría opositora, hasta que el partido Podemos la reactivó en mayo pasado sorprendiendo a propios y extraños con el único fin de reposicionarse en el campo opositor. El primer efecto de la aprobación fue opacar la ofensiva autonomista en curso y pintar un futuro negro para la dividida oposición: oficialistas y opositores coinciden en que Evo Morales –al igual que Hugo Chávez en 2004– podría salir reforzado mientras que algunos prefectos podrían perder sus cargos. Por eso hoy pueden verse varios graffitis en Santa Cruz que acusan a “Tuto” Quiroga de traidor.

 

Con todo, la consulta presenta un posible escenario de continuidad del
“empate”: si varios prefectos –incluido el de Santa Cruz– plebiscitan con éxito sus gestiones, el proyecto de autonomías (tal como está diseñado en los estatutos) se volverá prácticamente imbatible. Los prefectos ya adelantaron que si en las regiones surorientales gana el No a Evo Morales y ellos obtienen mayorías holgadas comenzarán a aplicar de facto esos estatutos, por lo que, en ese caso, más que desactivar los conflictos la consulta puede poner más leña al fuego en la actual polarización política-regional que vive Bolivia. Si bien hoy cada uno de los bandos admite en off the record que la salida al final del día será un gran acuerdo nacional, cada bloque fue radicalizando de tal forma sus posiciones que las posibilidades de una salida pactada se fueron alejando, en un clima de desconfianza mutua. Evo Morales denuncia a diario una conspiración para derrumbarlo y los prefectos imaginan una revancha racial articulada con una “dictadura” chavista. El reciente recorte de los impuestos coparticipables de los hidrocarburos a las regiones –usados en parte para pagar una renta a la vejez– es erigido como la muestra clara de que el gobierno central busca desfinanciar los tesoros regionales e impedir, por medio del ahogo presupuestario, el avance de las autonomías departamentales.

 

Pero si la autonomía es “blindaje”, también tiene una faceta democrática-
descentralizadora –hasta los años 80 el presidente elegía a los alcaldes (intendentes) y hasta 2005 a los gobernadores– que el andinocentrismo de una gran parte del gobierno impidió ver, regalándole las banderas democráticas a la derecha, que ha sabido como usarlas exitosamente.

NACIONALISMO VS. INDIGENISMO
Como señala el periodista Rafael Archondo, a dos años y medio de gestión,
el actual proceso de cambio que vive Bolivia presenta una tensión –poco discutida y menos resuelta– entre el impulso nacional-popular que ha permitido tomar medidas que robustecen al Estado a la usanza clásica del nacionalismo revolucionario (estatizaciones, reparto directo de beneficios, reducciones de tarifas de servicios públicos, hermanamiento con naciones afines) y una tendencia indigenista- culturalista que ha conducido a formular un proyecto de Constitución que más bien disgrega la estructura del Estado, deshaciendo sus cimientos en múltiples autonomías de igual jerarquía. En esta última tendencia milita una serie de intelectuales que –al igual que el populismo ruso en el siglo XIX– creen encontrar en las comunidades campesinas una exterioridad radical a todos los males de la modernidad capitalista, y un conjunto de ONG internacionales que contribuyeron a reposicionar las identidades étnicas.

 

Así, se corre el riesgo de perpetuar la eterna frustración boliviana: la incapacidad de construir un Estado nacional “de verdad” y un proyecto de ciudadanización exitoso capaz de concebir una ciudadanía intercultural sin caer en la creación de infinidad de pequeñas republiquetas. Como señaló la socióloga Silvia Rivera Cusicanqui, en vez de construir 36 sistemas de justicia, ¿por qué no edificar uno solo y combinado, que contenga los beneficios de la justicia indígena, pero no sólo para uso de estos pueblos, sino para premiar a cualquier ciudadano de este país?

 

No casualmente, el indigenismo “pachamámico” aparece como una propuesta etérea en un contexto donde el éxito o el fracaso del actual proceso político se va a definir en gran medida en su capacidad para plasmar las ansias de cambio de la población históricamente marginada en una nueva institucionalidad. De lo contrario se corre el riesgo de impulsar
–mediante las sucesivas nacionalizaciones del gas, los teléfonos o los fondos jubilatorios– un estatismo en los márgenes del viejo Estado patrimonialista y corrompido cuya acta de defunción fue firmada por el neoliberalismo en los 90. Tampoco el “pachamamismo” sirve a la
hora de repensar un nuevo pacto distributivo, más allá del asistencialismo con fondos de la renta gasífera favorecido hoy por la bonanza fiscal producto del boom de los precios de las materias primas y de la renegociación de los contratos con las petroleras.

 

No son pocos los intelectuales –muchos de ellos extranjeros– y ONG que se entusiasman con la construcción de una ciudadanía “posliberal” que se enfrenta al carácter híbrido de las identidades populares bolivianas y la diversidad regional del país, en gran parte no identificado con las culturas indígenas del occidente boliviano. No es casual que el texto constitucional haya encontrado su principal escollo en la activación de las identidades regionalistas del oriente boliviano hegemonizada por la derecha, cuyos exteriores constitutivos son el “centralismo paceño” y la Constitución “aymara-quechua”. Por otro lado, la superioridad de la “cosmovisión indígena” –que en muchos casos es una pantalla para encubrir prácticas corporativas o identidades regionales profundamente arraigadas en Bolivia– sobre la “cosmovisión liberal” apenas es debatida en un contexto donde los intentos de recuperar la dimensión étnica de la opresión han hecho casi desaparecer su dimensión clasista. No casualmente se ha avanzado poco o nada en relación a los derechos de los trabajadores, en gran medida precarios.

 

¿Acaso la acumulación familiar bajo el denominado “capitalismo andino” no se basa en formas de explotación y autoexploración iguales –y generalmente mayores– a las que prevalecen bajo el capitalismo formal, regulado por el derecho laboral vigente desde los años cuarenta?

 

Por el momento, la ansiada descolonización no ha encontrado un rumbo
institucional cierto y se reduce a ciertas elites dirigenciales y ONG. Lejos de nuevas formas de participación política, gobernabilidad y ciudadanía, se observa un uso bastante instrumental –y tradicional– de las bases de las organizaciones sociales como “fuerza de movilización” en determinados momentos y una cierta “cooptación” estatal de sus dirigentes, quienes mantienen una posición ambigua entre el campo político- gubernamental y el campo social (el propio Evo Morales es, paralelamente, presidente de la República y presidente de la Coordinadora de las Seis Federaciones (cocaleras) del Trópico de Cochabamba), con lo que puede verificarse
una clara tensión entre la permeabilidad del Estado por las organizaciones sociales y lo inverso: la “estatización” de esas organizaciones.

 

Sin duda alguna, el triunfo de Evo Morales –personificando una suerte de
nacionalismo indígena– tuvo su punto fuerte en que ofreció al país entero un programa de reconstrucción nacional. No obstante, y pese a sus innegables avances, este horizonte se debilitó debido a la imposibilidad de articular un proyecto de país en el que todas las regiones se sientan identificadas. Para retomar ese rumbo quizá baste con quitar a las políticas estratégicas del actual gobierno –en su mayoría de corte nacionalista- popular– el polvo de una retórica que por momentos polariza artificialmente el campo político y termina por reforzar a las derechas que también fueron capaces de utilizar la “política de la identidad” en su propio beneficio.

 

Pablo Stefanoni
Director de Le Monde Diplomatique edición boliviana