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Felipe Pigna

Director

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Seoane

Asesora Periodística y Editorial

 

Caras y Caretas, coherente con su historia, insiste en este número en estimular la memoria, para no olvidar, para crecer, para ir poniendo las cosas en su lugar. Lo hacemos en medio de fuertes campañas a favor de la desmemoria con discursos falaces que apenas disimulan una reivindicación de la dictadura y sus “valores”, que nos repiten que debatir la historia es perder el tiempo y nos ponen el ejemplo de países como Chile “que mira para adelante”. Vivimos en épocas de reciclaje, se sabe, y mucha de aquella escoria que fue conscientemente instrumental al genocidio aparece hoy de la mano de otrora progresistas como Mario Vargas Llosa, defendiendo la “libertad” intentando apropiarse de la palabra por la que lucharon heroicamente tantos compatriotas. Estos grupos nostálgicos viven una mala hora en esta América latina que lucha por la inclusión y la ampliación de la ciudadanía en el amplio sentido político y socioeconómico del término. Esas cofradías antipopulares y, coherentemente refractarias a todo tipo de memoria que las denuncie, son herederas del primer think tank del monetarismo fundado en Mont Pelerin, Suiza, en 1944 por Milton Fridman, Karl Poper, Von Hayek y Salvador de Madariaga, entre otros. Los postulados de aquella sociedad eran el combate al Estado de Bienestar porque destruía la libertad de los ciudadanos y la competencia, base de la prosperidad general, para ellos la desigualdad social era un valor positivo necesario para el sano desarrollo del capitalismo de mercado. Recuerda el gran historiador inglés Perry Anderson que Hayek lanzó una frase que sería tomada al pie de la letra por el poder económico mundial y latinoamericano en particular: “La libertad y la democracia pueden tornarse fácilmente incompatibles, si la mayoría democrática decidiese interferir en los derechos incondicionales de cada agente económico para disponer de su renta y sus propiedades a su antojo”.
Von Hayek y sus muchachos, como los predicadores puritanos, tenían paciencia y sabían esperar. Entendían que aquellos años 50 y 60 no eran los suyos. Pero la crisis económica de 1973 les abrió las puertas para lanzar su ofensiva contra el Estado benefactor, podrían decir ahora, sin fundamentos pero aprovechando el desconcierto mundial, que había llegado el momento de reducir el Estado a un enorme aparato militar que garantizara la acumulación de capitales que fluirían si se dejaba actuar libremente a los mercados. Al año siguiente Von Hayek recibió el Premio Nobel de Economía mientras sus teorías se experimentaban en Chile y no mucho después en la Argentina, con las consecuencias conocidas y sufridas. Vendrían los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, el Consenso de Washington, el primer Bush y los 90. Para ellos había una nueva Biblia escrita por los seguidores del nuevo Dios Mercado, que como el otro los había elegido para ser eternamente prósperos. Uno de ellos, Alan Greenspan, responsabilizado por propios y extraños de ser uno de los principales responsables de la actual crisis del capitalismo financiero global, escribió hace unos pocos años en sus memorias: “El capitalismo de mercado es una amplia abstracción que no siempre concuerda con opiniones no instruidas sobre el modo en que funcionan las economías. Supongo que los mercados se aceptan gracias a su largo historial de creación de riqueza. Con todo, como a menudo se me queja la gente: ‘No sé cómo funciona, y siempre parece tambalearse al borde del caos’. No es una sensación del todo ilógica pero, como se enseña en primero de Economía, cuando una economía de mercado se aleja periódicamente de apariencia estable, las respuestas competitivas entran en acción para reequilibrarla”. Sólo coincidimos con Greenspan en que es muy probable que haya mucha gente que no esté en condiciones de entender el capitalismo de mercado, pero es hora de avisarle que cualquiera está en condiciones de padecerlo.


 

El cuerpo de la mujer es el campo de batalla donde se dirime la marca retrógrada o progresista de las sociedades. Lo sabía la Inquisición, que buscaba brujas en las mujeres que ejercían su sexualidad plena o su rebelión ante el poder brutal de los popes de una iglesia sanguinaria. Lo sabe el capitalismo, que debió incorporarlas en el mercado laboral modificando las leyes civiles que las consideraban incapaces o sin derechos laborales a partir de la tragedia de Nueva York de aquel 25 de marzo de 1911, cuando murieron 140 mujeres en un incendio en una fábrica textil. En la Argentina eso ocurrió recién en 1926, con las modificaciones al Código Civil, y en 1947, con el voto femenino, con su incorporación en la política. Y a partir del peronismo en 1948 con los derechos laborales de igual salario por igual tarea. Debieron pasar sin embargo más de cincuenta años para que las mujeres tuvieran el mismo derecho que los hombres en la tenencia de los hijos. Y el mismo tiempo para que existiera un cupo femenino que les diera un lugar no conseguido a los codazos en las listas políticas para ejercer cargos legislativos o ejecutivos. Pero aún no se logra que las mujeres tengan posesión plena de su derecho a decidir la maternidad. La historia de las mujeres por empoderarse de sí mismas es milenaria y se resume en la batalla contra el mandato inquisitorial defendido por la Iglesia y los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad de que el cuerpo de la mujer debe servir sólo para garantizar la reproducción de la especie. Es el receptáculo divino que debe ser apropiado bajo tortura, bajo la ley, bajo la religión. La mujer ahí no es sujeto de derecho, sólo objeto de cumplimiento de este oscuro designio inquisitorial que tomó distintas formas a lo largo de los siglos. Ese es el fondo de la cuestión que se discute cuando se debate el aborto. Esta práctica indeseada por una mujer, dolorosa pero a veces ineludible por las condiciones en que se da el embarazo, es la principal causa de muerte materna en nuestro país, donde se estima que se producen más de medio millón de abortos clandestinos por año. El derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, a salir de ser meros objetos de reproducción, es lo que se discute cuando el conservador, militante del Opus Dei, gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, se dispone a rebelarse contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que acaba de garantizar que las mujeres violadas no deben tener autorización de un juez para solicitar el aborto. Urtubey expresa las corrientes más preconciliares de la Iglesia. Mientras en la Argentina se avanza hacia un Estado más laico, el gobernador salteño se empecina en introducir el catecismo en las escuelas públicas y someter a la sociedad salteña a la prisión de una fe iracunda, capaz de impedir la libertad de las mujeres. La religión actúa sobre las sociedades como un demonio de dominación familiar, social y política. Sin embargo, la historia no sigue ese curso. Los supuestos demonios de la sexualidad y la tragedia de los abortos clandestinos, de los dramas sociales de mujeres, casi niñas, violadas y obligadas a parir a quienes no desearon, se transforman en un motivo más para señalar a quienes no quieren gobernar democráticamente sino con las marcas de la inquisición oligárquica. Y no importa que Urtubey –producto del escándalo mediático que ocasionó su rebeldía contra el fallo de la Corte– se haya apresurado a mostrar una sinuosa marcha atrás reglamentando ese fallo para Salta. En su reglamentación, que introduce exigencias que la Corte no dispuso, sigue decidido a atrincherarse contra el derecho que la sociedad y los jueces dan a las mujeres violadas. Es decir, contra la democracia entendida como el avance más profundo en los derechos humanos y en la libertad de los argentinos.

 

 

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