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En el mundo crece el proteccionismo frente a una competencia externa cada vez más feroz. Este nuevo escenario impulsa en el país medidas de cobertura para mantener el nivel de actividad y el empleo.

 

 

La gran novedad de 2012 es que después de varios años de predominio casi exclusivo de la política en la Argentina, la economía volvió a colarse en la agenda. La razón central es que la crisis sistémica que se originó en los países más desarrollados a partir de 2007 llegó finalmente a las costas de las naciones emergentes –como las olas del tsunami japonés– envuelta en una mezcla de proteccionismo, desaceleración del nivel de actividad, explosión del desempleo en los países centrales y necesidad de ubicar saldos exportables en mercados periféricos.
Para el caso, sólo basta mencionar los efectos que tiene hoy en la economía argentina la desaceleración en Brasil y la desvalorización del real desde comienzos de año o la caída de exportaciones a Europa.
Pero no se trata sólo de cuestiones extramuros. Desde hace unos años el país también viene acumulando tensiones y ciertos desvíos de su camino virtuoso en materia económica. La industria local está perdiendo competitividad, en un contexto inflacionario con un dólar que se desliza a un ritmo mucho menor que la suba de costos de producción, acompañado por el deterioro de los superávit gemelos (fiscal y comercial) que supieron ser las columnas del patrón económico instaurado en 2003.
Tal es así que tras las elecciones de octubre, en las que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue reelecta con un contundente 54 por ciento de los sufragios, el gobierno nacional tomó la iniciativa de reorientar el rumbo de acción, en lo que propios y extraños coincidieron en definir como sintonía fina del modelo.
Sin entrar en interpretaciones semánticas –mientras para algunos los cambios son menores sobre un esquema que no varía en lo medular, otros ven allí un ajuste clásico–, lo cierto es que el Gobierno ha movido sus fichas. Así, el mantenimiento del nivel de actividad, la inversión y el empleo, sumados a la búsqueda de equilibrio en las cuentas públicas y una mayor competitividad de los bienes producidos en el país, motivaron algunas de las principales medidas de carácter económico impulsadas desde la Casa Rosada.
Como ejemplo vale recordar la quita de subsidios a los servicios de luz, gas y agua, la transferencia de los subtes y 33 líneas de colectivos a la ciudad de Buenos Aires, las modificaciones en las condiciones para acceder al mercado de cambios, la preocupación por mantener el saldo positivo de la balanza comercial (restricción de importaciones) o la recientemente sancionada reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina para modificar el marco en el que pueden usarse las reservas, todos indicativos de este momento que vive el país.

 

ATERRIZAJE SUAVE
“Entre 2003 y 2011 el PBI creció 81 por ciento, y esto se dio en una estructura productiva como la argentina, básicamente orientada a la exportación de bienes primarios. Es muy difícil, entonces, mantener el nivel de crecimiento cuando se viene de más del nueve por ciento de crecimiento durante todos estos años”, afirma Mariano Kestelboim, director ejecutivo de la Fundación Pro Tejer, entidad que propicia el desarrollo de la cadena textil e indumentaria.
Al respecto, Jorge Todesca, titular de Finsoport, recuerda que para este año se estima un crecimiento del producto del orden del cuatro por ciento. Pero aclara: “Creo que tendríamos que revisarlo, seguramente a la baja, porque ya hay una desaceleración global de la actividad, que se nota más en la actividad industrial”.
Todesca señala que “mientras la actividad industrial creció nueve por ciento en 2011, hoy está en dos por ciento y parte de esa desaceleración se explica por la industria automotriz”. La merma en el ritmo de crecimiento de Brasil impacta en la demanda de autos desde nuestro país y eso se refleja en la baja de todo el complejo industrial nacional. Al cierre de esta edición se conocieron los datos del Estimador Mensual Industrial (EMI), que elabora el Indec, correspondientes a febrero, que revelan una caída del 0,8 por ciento interanual, el primer indicador negativo en 28 meses.
Para el ex viceministro de Economía parecería haber un cambio de tendencia en los últimos tiempos. “En las conversaciones con nuestros clientes nos describen un escenario de los últimos sesenta días en los que se nota una desaceleración de la actividad, que todavía no reflejan las estadísticas”, subraya. Parte de eso tiene que ver con el consumo que, en la mirada de Todesca, se está retrayendo. “El consumidor tiene cada vez más temor a lo que va a pasar con la economía o tiene menos plata en los bolsillos, entonces el consumo se está desacelerando”, dice.
En este contexto, el Gobierno ha tomado la iniciativa para proteger ciertos sectores, aunque esto no es algo nuevo. Ya a partir de 2008, durante la profunda crisis global, el Gobierno aplicó licencias no automáticas de importación (LNA) a unas seiscientas posiciones arancelarias en sectores sensibles, esto es, aquellos que son determinantes en la ocupación de mano de obra e involucran varios eslabones en su cadena de valor.
Para Kestelboim, medidas de protección como las LNA ayudaron mucho al sector textil y a otros. “Hoy una herramienta válida son las declaraciones juradas de anticipo de importaciones (Djai)”, sostiene. En esta coyuntura, Kestelboim recomienda mantener políticas de administración del comercio (LNA, Djai y otras), la integración de cadenas productivas y las compras gubernamentales. “Hay que desarrollar esquemas a favor de la industria nacional (con franquicias de hasta el 25 por ciento) y orientar la inversión pública hacia allí, como hacen muchos países, incluso Brasil”, apunta.
Por su parte, desde el Ministerio de Industria se está analizando el incremento de aranceles de importación para más de un centenar de bienes (aún no se definió el listado), en lo que supone otra coraza para la industria local. A cambio, el Gobierno les pide a los empresarios mayor inversión, que incrementen la producción, mantengan estables los precios y se comprometan a contratar más empleados.
La medida está en línea con la que tomaron en diciembre de 2011 los países del Mercosur en la Cumbre de Montevideo, cuando resolvieron incrementar los derechos de importación para cien posiciones arancelarias hasta el máximo permitido por la Organización Mundial de Comercio (35 por ciento). La medida fue impulsada en conjunto por la Argentina y Brasil.
El temor principal está dado por los efectos nocivos que puede tener en la región el cúmulo de excedentes exportables de los países centrales que, envueltos en sus profundas crisis, no absorben los bienes transables como en el pasado. Incluso China, la fábrica del mundo, no puede colocar toda su producción en Europa, y termina buscando nuevos mercados a precios de dumping (venta en el exterior por debajo del precio del mismo bien en el mercado de origen).
Pero esta protección no significa necesariamente cerrar la economía. Por el contrario, Kestelboim asegura que “si se mira el nivel de apertura (suma de exportaciones e importaciones en relación al PBI) en los 90 llegó a un máximo de 19 por ciento, mientras que hoy es de 36 por ciento, tenemos una economía más abierta que en aquellos años”. En contraste, Brasil, muchas veces señalado como modelo, tiene un nivel de apertura de su economía del 18 por ciento, destaca el experto.

 

Por Carlos Boyadjián