En Sarmiento 1551, lugar por excelencia de la cultura porteña, conviven el entusiasmo por las obras recientemente terminadas con la mítica Sala Alberdi tomada. Denuncias cruzadas.
El nuevo Centro Cultural General San Martín es un espacio total. Le buscamos el mejor ámbito al contenido que tenemos”, marca la directora general, Gabriela Ricardes, y en la plaza seca (Sarmiento 1551) supervisa los últimos preparativos de “la hora feliz”: música, stand up o DJ cada día, de 19 a 20. “Te podés tomar algo, ver un show y distenderte antes de volver a casa. Recuperamos el espacio semicubierto del Ccgsm, que existía en los 80 y 90, hasta que empezaron las obras”, dice Ricardes, mientras la orquesta de mambo prueba sonido. En el hall, unos pibes suben al sexto piso, rumbo a alguno de los quince talleres en la otrora extensión cultural de la Dirección General de Enseñanza Artística (DGEart): la mítica Sala Alberdi, que hace un año y nueve meses tomaron sus docentes y alumnos para evitar el desalojo anunciado. Desde entonces, la autogestionan y brindan ciclos y talleres a la gorra abiertos a la comunidad.
Distintos universos conviven en el nuevo Ccgsm, que el 11 de abril inauguró el anexo Bajo Plaza de las Américas, con seis subsuelos para una gran oferta audiovisual: un Centro de Desarrollo Multimedia, una sala multipropósito y dos cines que se usaron en el Bafici. Una megaobra que proyectó Aníbal Ibarra, inició Jorge Telerman y requirió muchos años y actualizaciones presupuestarias. Ahora, con el PRO, queda reinaugurar la enorme sala AB y acondicionar la torre. “Las obras se comenzaron con un crédito que luego no existió y hubo que ir por etapas –dice Ricardes–. Ahora la vemos en funcionamiento, readecuada a las necesidades de la ciudad, para que el Ccgsm articule con otros actores, públicos y privados”.
El ministro de Cultura, Hernán Lombardi, habló de “continuidades y rupturas”. Ricardes traduce: “Se mantiene el centro cultural como receptor de innumerables actividades. La ruptura es que no existe el lugar prefijado: el espacio no va a condicionar lo que viene. Toda una generación que no vivió este Ccgsm, lo podrá hacer mediante otros contenidos”. Pero el nuevo proyecto, firmó en un comunicado la Sala Alberdi, “no es el de una cultura pública y abierta a la comunidad” sino el de “un espacio concesionado a empresas privadas” y “la sustitución de la programación cultural por eventos de promoción gubernamental”. Soledad, desde la toma, señala: “En el proyecto multimedial había un objetivo para el sexto piso: reubicar ese y el séptimo. La Sala Alberdi no entra en el nuevo plan”.
El conflicto viene de 2006: la ministra de Cultura de la gestión Telerman, Silvia Fajre, firmó la orden de desalojo de la sala, pero fue frenada con amparos y movilizaciones: ahí funcionaban cuarenta cursos para más de setecientos alumnos. Ya en 2009, el director de la DGEArt, Marcelo Birman, disolvió la Cooperativa de la Sala, redujo talleres y los trasladó a otros espacios. Hasta que la Justicia porteña dictó sentencia firme en 2010: el gobierno debía reparar la sala en treinta días y, en tanto, trasladar las actividades “a otro espacio físico adecuado”.
Pero nunca se acató el fallo y la Sala Alberdi fue cerrada. Entonces, el 17 de agosto de 2010, su Comisión de Alumnos, Ex Alumnos y Amigos inició la toma de este espacio teatral que defienden incontables artistas, el público y hasta los padres de los chicos que asisten a los talleres (de cine, teatro, literatura, danza, etcétera). “La sensación es que todo lo cultural que no dé ganancias no sirve. Se ve a la cultura como una mercancía. Hay que permanecer en la sala y sostenerla”, dice Mirta Israel, prosecretaria gremial de la Asociación Argentina de Actores.
Ricardes aclara: “El mío no es el plan de Fajre. No necesito ese espacio”. Por eso “no los vamos a desalojar. Seguiremos las vías judiciales pertinentes. El plan que se hizo en un momento era faraónico. El mío es refaccionarla. El problema es que la Sala Alberdi cree que puede funcionar autónomamente, sin control”. Y abre el cuadro: la idea del cierre del Ccgsm pudo haber sido “un temor, no una realidad, al ver que una obra tardaba tanto. Pero también hay un poco de ‘terrorismo cultural’: de decir ‘todo se va a cerrar’”. Lo que denuncia la Sala Alberdi, dice Ricardes, “no es real. Es un discurso cerrado y lo necesitan para justificar su accionar. La confrontación es cómoda: ‘Nosotros vamos por lo público, ustedes son privatistas’”. Pero el Ccgsm “nunca se va a privatizar. La interacción con lo privado no existe, salvo cuando un privado quiere hacer una actividad y puede alquilar una de las salas. Eso es legal”. Para la directora “la Sala Alberdi está privatizando un espacio público: gestionan sin que nadie se los pida. No hay representatividad o un proyecto”. Además, “no sé quiénes dan los talleres, no me dan sus nombres. La sala funciona porque está el Ccgsm, pero muchos ni saben que existe”.
En la sala tienen otra concepción. “No somos ocupantes: en el fallo nos reconocen como cuidadores del espacio. Estamos cubriendo la función que debería ser del gobierno: garantizar su mantenimiento”, dice Soledad. “En estos supuestos centros culturales llega gente de clase media y no los que menos dinero tienen. El espacio público debería ser para que el arte llegue a todos.” Santiago, también en la toma, analiza: “Ellos dicen que para que arreglen la Sala tenemos que despejar, pero no tenemos garantía de que siga funcionando”. Soledad amplía: “Si se necesitan treinta días nos trasladamos: lo dice el fallo y esperamos que lo cumplan. Pero, ¿por qué vamos a creer? Estas políticas profundizan lo que empezó antes”.
A fines de marzo, “por la inseguridad de la calle”, Ricardes dispuso que las flamantes rejas del centro cultural se cierren a las 20. “A esa hora –cuenta Santiago– comienzan talleres en la sala y cada lunes la asamblea abierta. No nos dejan pasar y tampoco puede haber gente en la plaza seca, que antes estaba llena.” En alerta, el 8 de abril llevaron su Varieté Oficial de la Toma a la calle Sarmiento, pero Ricardes y Hernán Lombardi llegaron con custodios y patrulleros para sacarlos. Y al otro día el ministro perdió el control: le tiró del pelo a quien lo filmaba y le preguntaba por la sala. “Es un hostigamiento –dice Soledad–. Se calmó en las elecciones pero ahora se acentuó con patovicas. Nosotros apuntamos a que todo se conozca. Cada vez viene más gente a la sala y no contaron con eso: en nueve meses pasaron por acá veinte mil personas.” Ricardes objeta: “Ahí arriba nadie paga nada y usan los recursos públicos. Del sexto para abajo no privatizamos: hacemos funcionar el Estado”.
Por Patricio Féminis