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el mundo fue y sera

paraguay: durmiendo con el enemigo

El violento desalojo que terminó con campesinos y policías ejecutados por francotiradores es una de las piezas que desembocaron en la destitución de Fernando Lugo. El peligro de los golpes de Estado “blandos” acecha América del Sur.

 

 

No habrá sido un golpe de Estado tradicional pero lo que sucedió en Paraguay no deja de ser menos alarmante como antecedente político-histórico para Latinoamérica. Un vaciamiento institucional desde la especulación partidaria. Aliados que se vuelven verdugos. Y el fin de un mandato democrático, el de Fernando Lugo como presidente del Paraguay, bajo la guillotina de la partidocracia.
En esa clave es válido interpretar los mecanismos de solidaridad política que se activaron en la región. Y se entiende la espontánea primera categorización del proceso destituyente como “golpe de Estado”. Conforme decantaron las emociones, el tecnicismo de esta nueva modalidad cínicamente legal aplicada en Paraguay obligó a una reformulación de etiquetas: “golpe institucional” fue la figura en los documentos del Mercosur y la Unasur convocados en Mendoza.
“Lo que nos mueve hoy no sólo es una cuestión de legalidad sino de legitimidad. Legalidad y legitimidad están en América del Sur indisolublemente unidas a la estabilidad que la región necesita para seguir creciendo”, manifestó la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ante la platea sudamericana. Paraguay, ausente en la sala, era el destinatario: “Que no se instalen en la región los ‘golpes suaves’ que, bajo la pátina de cierta institucionalidad, no son más que un resquebrajamiento del orden constitucional”, advirtió la mandataria.
No habrá sanciones económicas. Pero la participación paraguaya en ambos bloques queda en suspenso hasta las próximas elecciones presidenciales de abril de 2013 de donde surgirá un gobierno legítimo a los ojos regionales. Mientras, Venezuela ganó su estatus de miembro pleno al saltar su último obstáculo, el mismo que acabó con Lugo: el Congreso guaraní.
“Golpe institucional es un oxímoron conveniente, pero no nos ayuda a entender el proceso paraguayo”, reflexionó ante Caras y Caretas el politólogo Aníbal Pérez-Liñán, autor de Juicio político al presidente y nueva inestabilidad política en América latina. Y añadió: “Lugo es un ejemplo típico del nuevo patrón de inestabilidad latinoamericano. El Congreso forzó la caída de la administración estirando la interpretación constitucional pero sin quebrar la Constitución con una intervención militar. Manipular el sentido de las palabras permite a los políticos manipular la interpretación de las normas”.
Cuarenta y ocho horas bastaron para sellar el destino del ex obispo de San Pedro. No obstante, el proceso político es de vieja raigambre. El enemigo liberal anidaba en el interior de la Alianza para el Cambio que comenzó a desmembrarse no bien puso fin a 61 años de hegemonía del Partido Colorado (ANR) en abril de 2008, incapaz de comulgar los intereses tradicionales del Partido Liberal Radical Auténtico (Plra) con la primavera política de la izquierda.
La profecía de lo inevitable ya la vaticinaba el académico Marcello Lachi en agosto de 2009: “La voluntad reformadora del nuevo gobierno ha tenido que enfrentarse casi diariamente con la imposibilidad concreta de disponer de un apoyo parlamentario mayoritario. Esta situación tiene su origen en las características mismas del sistema de partidos en Paraguay, que hace más de cien años ha sido conformado alrededor de dos partidos tradicionales: el ANR y el Plra, que en conjunto mantienen casi el 65 por ciento de la representación. Podemos identificar estos dos partidos como partidos de notables, financiados por grupos de latifundistas y empresarios, con la particularidad (toda paraguaya) de ser también partidos-masa alrededor de una ‘pertenencia afectiva’”.
La masacre en el desalojo campesino de Curuguaty en la que perdieron la vida 17 personas, campesinos y policías, a mediados de junio, fue la excusa. La posterior remoción del ministro del Interior liberal y el nombramiento de un dirigente colorado en su lugar –parte de un acuerdo entre Lugo y una facción del ANR–, la causal del divorcio. Los treinta votos del Plra en el Senado y Diputados, el tiro de gracia del vicepresidente Federico Franco. Y el líder colorado Horacio Cartes, presidente del Club Libertad y magnate empresario con sueños presidenciales, completó la maquiavélica maniobra.
“Estas fugas nunca ocurren de buenas a primera. Lugo no pudo o no supo resolverla”, recalcó ante esta revista Javier Corrales, politólogo del Amherst College, en Massachusetts, y autor de Presidentes sin partidos, donde registra los catorce casos de mandatarios que abandonaron sus cargos antes de tiempo en América latina y el Caribe desde 1989. Incluso allí Lugo sobresale como caso sui géneris porque ni fue protagonista de un masivo escándalo de corrupción, como el brasileño Fernando Collor de Mello, ni se lo acusó de desequilibrio mental, al estilo del ecuatoriano Abdalá Bucaram. Mucho menos había desborde social en las calles. “En los sistemas presidenciales, la tendencia es que los partidos apoyen fuertemente a sus presidentes en comparación a los parlamentarios. Pero hay excepciones y, cuando ocurren, pueden llegar a ser funestas para la supervivencia del gobierno”, agregó Corrales.
Para Sebastián Acha, diputado de Patria Querida, a favor del juicio, no quedaba opción: “Era la única forma de cortar con una pasividad preocupante del ex presidente Lugo frente al problema de los grupos campesinos infiltrados por elementos violentos”, catalogó ante Caras y Caretas, desnudando una problemática de fondo que, algunos entienden, fue la raíz del malestar original de la partidocracia con Lugo en sus cuatro años.

 

GUERRA POR LA TIERRA
El 15 de junio pasado, Paraguay se durmió bañada en sangre. Según la versión oficial, policías y campesinos cruzaron fuego. Pero hay una segunda versión mucho más oscura que involucra al emporio de los agronegocios políticos detrás de la masacre desestabilizadora.
Según el investigador de la Sociedad de Economía Política del Paraguay (Seppy) Idilio Méndez Grimaldi, los “carperos” (campesinos sin tierra) habían ocupado parte de las dos mil hectáreas de la estancia Morombí apropiadas al Estado paraguayo mediante subterfugios legales por Blas Riquelme (dueño de un latifundio total de 70 mil hectáreas), ex presidente del ANR, vinculado al régimen dictatorial de Alfredo Stroessner. El dato revela las interconexiones entre políticos y el fructífero negocio sojero en un país donde el 85 por ciento de las tierras se reparten entre un dos por ciento de propietarios y el impuesto inmobiliario representa apenas el 0,04 por ciento de la presión tributaria, acorde al Banco Mundial, aun cuando el campo genera el 30 por ciento del PBI guaraní.
“Paraguay es una chacra grande de soja y sus dueños no quieren pagar impuestos. Los terratenientes no tienen condiciones para vivir en pluralidad y ser tolerantes”, comentó de paso por Buenos Aires el senador del Frente Guazú Sixto Pereira, leal a Lugo. Para el legislador, la agenda de reforma agraria y limpieza judicial del ex presidente incomodó a “grupos oligárquicos” que “buscan volver a apropiarse del poder”.
Grimaldi da otro dato más escalofriante aún: los policías muertos pertenecían al grupo comando GEO. Su jefe, Erven Lovera, fue ejecutado de un disparo en la cabeza cuando avanzaba a dialogar con los “carperos”. Era el hermano de Alcides Lovera, jefe de seguridad del presidente, por lo que algunos ven en su ejecución, en manos de supuestos francotiradores ajenos a los ruralistas y la policía, un mensaje a Lugo y la intencionalidad de desencadenar el juicio.
De algún modo, la destitución del presidente siguiendo canales constitucionales reafirma la lógica más salvaje del presidencialismo. Esa ley tácita del juego de suma cero. O el jefe de Estado conquista el total del poder institucional, Ejecutivo y Legislativo, o corre el riesgo de perderlo todo, incluso su mandato popular. Eso fue lo que le sucedió al propio Lugo, que pagó alto el costo de romper el esquema de los partidos tradicionales y alcanzar el gobierno con grandes intenciones pero sin fuerza propia. Al final, la partidocracia que quiso vencer terminó por devorarlo.

 

Por Mariano Beldyk

 

 

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