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UN CACHO DE CULTURA. Barrio privado

un cacho de cultura

barrio privado

La oposición denuncia que el gobierno porteño está vaciando el poder de las comunas como articuladores de políticas culturales en los barrios.

 

 

Muchos hablan bien de las comunas pero hacen poco por ellas”, asegura Carlos Wilkinson, desde la mesa coordinadora del Movimiento Comunero, en el cual militan vecinos integrantes de asambleas, organizaciones sociales y asociaciones barriales. Y dice que al sondear el territorio porteño es fácil apreciar como las 15 comunas, esas unidades de participación ciudadana inéditas en la cultura política local, “están siendo vaciadas por el gobierno del PRO”. El 10 de julio se cumplieron siete meses desde que asumieron las autoridades de las Juntas Comunales –de siete miembros cada una–, y un año desde que fueron electas a la par del jefe de Gobierno, pero la tan peleada descentralización de decisiones en las comunas resuena aún como una expresión de deseos, que la realidad que estipula la Ley Orgánica de Comunas (1.777).
El 7 de mayo, el Movimiento Comunero presentó una denuncia en la Legislatura, en una reunión de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana, y fueron recibidos por Eduardo Macchiavelli, secretario de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Ahí leyó Eduardo Hadad, del Movimiento Comunero: “Existe una decisión política tendiente a hacer fracasar, por asfixia administrativa, presupuestaria y funcional, esta experiencia de democracia participativa”. Y esta política tiene su correlato en otro problema territorial: la falta de articulación del poder de las comunas con las problemáticas y experiencias culturales en los barrios, los cuales podrían contar con políticas participativas, propuestas y reguladas por los propios vecinos. Cultura sin delegación.
Pero ahí no está el Ejecutivo y tampoco el presupuesto. Y no es una entelequia hablar de políticas culturales motorizadas desde las comunas, es una necesidad que contempla la propia ley. Además la ley 2.176 de Derechos Culturales, aprobada en 2006, prevé políticas públicas para garantizar derechos inclusivos de acceso a la cultura en la ciudad. El artículo 8 demanda “la creación de casas de cultura en las comunas, con el objeto de promover la difusión y estímulo de la actividad cultural comunitaria”. E incluso boga por que las comunas, en red, puedan fomentar y proteger el patrimonio cultural y artístico. “Los ciudadanos constituyen sus identidades desde los centros culturales, los teatros independientes, los cines barriales, los parques y clubes. Las comunas deben consolidarse como espacios de elaboración de políticas públicas culturales”, afirma el diputado Fabio Basteiro, presidente del bloque Buenos Aires para Todos. En sintonía piensa el diputado Edgardo Form (Nuevo Encuentro): “La ciudadanía tiene que tener mayor proximidad no sólo con el consumo de productos culturales sino como generadora de cultura. Si no, se ve a la cultura sólo en forma mercantilista”. Y si no existe aún una política cultural de acercamiento de los ciudadanos a las comunas, las causas son bien concretas: “No se cumple la descentralización y encima faltan recursos –dice Form–. Muchas comunas no tienen equipos y el espacio adecuado para diseñar actividades que permitan protagonismo en la gestión de la cosa pública. Hasta se podría estimular a las zonas más postergadas de la ciudad”.
Claro que poco va a ocurrir en tanto se frene el desarrollo político y operativo de la descentralización. Antes de que asumieran los comuneros, el Ejecutivo creó –por decreto 376– las Unidades de Atención Ciudadana (UAC), que funcionan en los otrora Centros de Gestión y Participación (CGP) barriales. “Y toda la cuestión administrativa y de atención a los vecinos, el control de servicios, no lo hace la Junta Comunal. Prefirieron sacarles poder a las comunas”, evalúa la diputada María Elena Naddeo (Frente Progresista y Popular).
Otro problema es que “el Gobierno no estableció un plan de convenios con las Juntas Comunales para establecer las facultades concurrentes”, sigue Naddeo, para quien “para algunos temas se debería transferir competencias, por ejemplo, en campañas de prevención sobre violencia y adicciones, o en la gestión directa de actividades culturales, espectáculos, talleres”. Se podrían descentralizar facultades en lo cultural si lo proponen los Consejos Consultivos (la instancia participativa vecinal) y las Juntas Comunales firman convenio con el Ejecutivo.
“Pero el PRO no admite los reclamos de la oposición por mayor presupuesto para las comunas –agrega Naddeo– Macchiavelli busca evitar por todos los medios que avance la descentralización. No quieren la participación comunitaria.” Esto se articula con el sostenido achique cultural en la ciudad que se refleja en el cierre de espacios culturales, la magra promoción del arte comunitario, la precarización de los talleres del Programa Cultural en Barrios, entre otros aspectos de la gestión. “El PRO –dice Naddeo– reivindica los megaespectáculos, que le reditúan mucha propaganda, y abandonó a su suerte los programas culturales donde hay más participación directa de los ciudadanos.”
Julio Raffo, presidente del bloque Proyecto Sur, presentó un proyecto de ley para descentralizar la aplicación de los recursos que financian las culturas de la ciudad. “Proteatro y otros programas culturales se manejan desde Bolívar 1, y la mitad de esos recursos, por lo menos, pueden ser aplicados con participación y control de las Juntas Comunales”, asegura. Y suma una apostilla: “Las comunas tienen facultades ejecutivas. Nosotros queremos que participen en el control de la seguridad, de la cultura, no sólo en el arbolado o la iluminación de calles”. La pregunta de Raffo no es sólo filosófica: “¿Qué mejor que la autoridad comunal, que conoce a los vecinos y al centro cultural, para incidir en el destino de esos recursos? Pero la ceguera ideológica del PRO le impide verlo”.
“El PRO tuvo que ir a elecciones porque lo intimó el Tribunal Superior de Justicia; no le quedó otra y ahora quiere vaciarlas –asegura el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra–. Los recursos los deriva a las UAC y la gente ¿a dónde va a ir? El esquema del PRO perjudica incluso a sus comuneros. Están desconociendo una ley y la Constitución.” Y remata: “Las comunas implican mayor participación y control, y el manejo de recursos y herramientas que hoy centraliza el Ejecutivo. Y no hay peor cosa que tener competencia y no poseer recursos para llevarla a cabo”.

 

Por Patricio Féminis