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La idea de reforma constitucional está bastardeada por el supuesto de perpetuación en el poder. Pero excluyendo la reelección, puede ser una oportunidad para pensar un nuevo modelo de país.

 

 

Una reforma constitucional puede hacerse con la intención de obtener una ventaja política como, por ejemplo, una reelección presidencial. Para eso no basta más que con contar la cantidad de diputados que se tiene, los que se puede obtener con alguna alianza y tratar de llegar a los dos tercios necesarios para convocar a una Asamblea Constituyente. Pero también puede servir para pensar en un modelo de país, consensuarlo con la sociedad e intentar plasmarlo en una Carta Magna.
Hace casi 2.500 años, Aristóteles planteaba en La política que una Constitución es “la ordenación de los poderes gubernativos de una comunidad política; de cómo están distribuidas las funciones de esos poderes; de cuál es el sector social dominante; y de cuál es el fin asignado a la comunidad por ese sector social dominante”. O sea, traduciendo del griego antiguo al castellano moderno, de cómo los que mandan ordenan a sus sociedades. Desde la sanción de nuestra independencia la burguesía criolla emergente quiso imponer su régimen en medio de la disputa entre Buenos Aires y la Confederación. Así surgieron primero las constituciones unitarias de 1819 y 1826 y luego, con el triunfo de la fracción litoraleña, se consolidaría la incorporación del federalismo en 1853, para compensar hacia el centralismo porteño con el triunfo del mitrismo en la reforma de 1860. Idas y venidas. Pero lo que nunca cambió fue su matriz ideológica en la que el liberalismo privilegió al individuo por sobre la comunidad. Desde allí, estableció políticamente una suerte de democracia restringida, donde “el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes”. Y en lo económico se planteó la no intervención del Estado privilegiando el desarrollo “armónico” de los individuos, o sea, la libertad de mercado. Pero a partir de finales del siglo XIX comenzaron a surgir movimientos políticos que privilegiaban lo social por sobre el individuo, como el marxismo o el anarquismo. Hasta la Iglesia tuvo su encíclica Rerum Novarum y su “doctrina social”. De allí surgirá un constitucionalismo social que se plasmó en las normativas supremas de México, en 1917; y en la de la República de Weimar, en 1919. En nuestro país, se vio reflejada en la Constitución peronista de 1949 que incrementó la regulación en la economía en beneficio de la búsqueda de la justicia social e incorporó términos como la propiedad social de la vivienda y los derechos sociales (a la familia, al trabajador, a la ancianidad, a los niños, a la educación, etcétera). Arturo Sampay, su mentor, había plasmado allí los mejores sueños del primer peronismo.
Derrocado el gobierno de Juan Perón, en 1955, la dictadura de Pedro Aramburu decretó “vigente la Constitución Nacional sancionada en 1853; con sus reformas de 1860, 1866, 1898 y la exclusión de la de 1949”. Había que acabar con esa idea de reforma social y volver a los postulados liberales. En 1957 se planeó una reforma constitucional que sólo logró incorporar el artículo 14 bis y luego no pudo volver a formar quórum para seguir sesionando. Las distintas dictaduras que se sucedieron fueron publicando actas, estatutos y reglamentos que colocaban en un segundo término a la Carta Magna.
Así llegamos a 1994. Con un Carlos Menem ansioso, desesperado y dispuesto a todo por lograr su reelección. Del otro lado, un ex presidente que había tenido que entregar anticipadamente el poder, que era el político con peor imagen de la Argentina y que ni siquiera controlaba a su partido ante el surgimiento de figuras internas como Fernando de la Rúa. Sí, claro, era Raúl Alfonsín. Ambos se necesitaban para su subsistencia política. Así firmaron el Pacto de Olivos. Menem lograba su reelección y Alfonsín le imponía controles a su gestión. Además les daba rango constitucional a diferentes tratados internacionales, sobre todo, referidos a derechos humanos. De paso, Alfonsín recuperaba liderazgo. Pero esa Constitución, que absolutamente todos votaron, representó la consumación del neoliberalismo en la Argentina. Una Constitución globalizada, con poco lugar para la independencia a la hora de tomar decisiones estratégicas que alejaran al país de los mandatos mundiales del establishment, como el sometimiento al Centro Internacional para el Arreglo de Controversias Relativas a Inversiones (Ciadi), perteneciente al Banco Mundial. Para muestra basta un botón: en materia de salud califica a los enfermos como “usuarios del sistema de salud”. Además provincializó aspectos centrales de la soberanía económica como el manejo de la minería y el petróleo.

 

UNA CONSTITUCIÓN POPULAR
“A cada proyecto de país se debe una Constitución. Por eso las constituciones tiene sus propios mecanismos de reforma”, asegura Marcelo Köenig, referente de la Corriente Peronista Descamisados e integrante del Movimiento por una Nueva Constitución Emancipadora y un Nuevo Estado junto a Ricardo Forster, Adriana Puiggrós, Luis D’Elía, Cecilia Merchán y Hugo Yasky, entre otros. El artículo 30 de la Constitución Nacional establece: “La Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de dos terceras partes, al menos, de sus miembros; pero no se efectuará sino por una Convención convocada al efecto”. La oposición fue invitada a participar del debate por la reforma, pero la mera posibilidad de abrir la más mínima grieta a una re-reelección de Cristina Fernández la aleja por ahora del debate más profundo.
“Nosotros creemos que debemos formular un constitucionalismo popular en donde las conquistas obtenidas desde 2003, como por ejemplo la Asignación Universal por Hijo, puedan tener rango constitucional para que no sean volteadas fácilmente como intentó hacer el Grupo A hace un par de años. Y además queremos discutir el proyecto de país en el que queremos vivir. Por eso la idea es lograr una metodología de trabajo similar a la que se logró para discutir la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y realizar foros por todo el país antes de que el proyecto de reforma llegue al Congreso. Queremos que el pueblo se apropie de la necesidad de la reforma”, explica Köenig. El debate comenzará con foros en las provincias más pobladas, como Santa Fe. La idea es llegar a realizar mil actividades distintas hasta el año próximo. Para Köenig, la posibilidad de una nueva reelección es impensable: “Pero a los medios hegemónicos les conviene discutir la reelección y no la propiedad social de los medios de producción; por eso minimizan el tema al meter la reelección que nosotros excluimos de plano”.
Entre los contenidos que están en debate para este colectivo se encuentran la propiedad social de la vivienda, la soberanía en tiempos de globalización, el manejo de los recursos naturales y el sistema de gobierno. Sobre este último punto aún no hay acuerdo. El que sí fijó su posición es el integrante de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, que prefiere cambiar el actual sistema presidencialista: “Estoy convencido de que el sistema parlamentario es mejor en el sentido de que no evita la crisis, pero evita que una crisis política se convierta en una crisis del sistema”. Su compañero cortesano Ricardo Lorenzetti no ve en cambio necesidad alguna de reforma: “Las constituciones se pueden reformar pero, por el momento, los argumentos que escuché no me parecen convincentes”.
El debate está abierto. Amanece… que no es poco.

 

Por Fernando Amato